El debate sobre el canon digital cierra el III Foro nacional Justicia-Empresa

Una mesa redonda sobre el canon digital puso fin ayer a los III Encuentros Justicia – Empresa, que a lo largo de de 3 días ha reunido en Segovia a jueces y empresarios para analizar las implicaciones empresariales de la administración de la justicia.

José María Macías, magistrado en excedencia y abogado de Cuatrecasas ha moderado el debate, introduciendo la polémica a partir de un desarrollo histórico que parte de los derechos de autor. La copia privada es un derecho reconocido a partir de tres condiciones, su carácter no lucrativo, la legalidad del acceso al original y los fines privados del uso de la copia. Con motivo de la aparición de los sistemas de reproducción digitales –potenciados en los últimos años por Internet- empiezan a impulsarse restricciones a ese derecho y compensaciones –el canon- para minimizar el perjuicio económico de la posible difusión de la copia privada. Esta restricción ha sido objeto de diversas regulaciones en España, la última, aprobada por el Congreso, pero a falta aún de la publicación de la normativa de desarrollo, contempla grabar con cantidades que van de los 0,17 a los 270 euros todo dispositivo susceptible de acumular datos, con una recaudación final prevista para 2008 no superior a los 150 millones de euros.

Pablo Hernández Arroyo, jefe de los servicios jurídicos de la SGAE, si bien denunció las ambigüedades en la regulación del canon digital español, defendió esta figura como “un mal menor”, ante los perjuicios que se está ocasionando a los autores por la industria, que lanza productos cuya única finalidad objetiva es servir de depósito de descargas. “No se trata de un impuesto, sino de una compensación. Es un debate adulterado por tanto no se trata de canon sí o canon no, sino de copia privada sí, o copia privada no”.

En el extremo opuesto, Borja Adsuara, profesor de Derecho de la Información de la Universidad Villanueva, abogó por la aplicación de sistemas más justos que garanticen que el autor recibe su compensación por la difusión de su trabajo. Para Adsuara, el canon digital atenta contra la ecuanimidad de las leyes, “pues nos trata a todos como potenciales delincuentes” y es “antiproducente”, por cuanto “equivale a claudicar ante la piratería a cambio de una parte de los derechos de autor”. El canon, para este ponente, es ineficaz como compensación al autor, no está bien definido como objeto jurídico, atenta contra la presunción de inocencia de las personas y termina por incentivar la piratería. Para Adusara, las soluciones pasan por una negociación entre los operadores y las proveedoras de contenidos a partir de la trazabilidad digital (establecer códigos ocultos de identificación) de los archivos.