Ética y estética de la copia privada

Día sí, otro también, tanto en el ámbito doméstico como en los centros de trabajo se hacen fotocopias, se «escanean» páginas, se copian textos digitalizados en CD, DVD, lápices digitales y otros dispositivos, se suben dichos materiales a webs, portales o blogs de internet, o se sacan -bien de los dispositivos o de internet- copias en papel mediante impresoras. Y una buena parte de ese material reproducido corresponde a libros y revistas.

Es necesario recordar a la sociedad, en general, y a los políticos, en particular, que la compensación equitativa por copia privada no es un invento español. Es un derecho reconocido en el ámbito jurídico internacional y europeo.

Se podría argumentar, como hacen algunos, que esa protección sólo debería ser «ex post», no «ex ante», es decir, una vez que ha sobrevenido el menoscabo al derecho de propiedad intelectual y no antes de que se pueda producir el acto que ataque dicho derecho. Porque hacerlo así, dicen, criminalizaría al consumidor o usuario.

¿Criminaliza al cazador el que haga un test psicológico previo para tener una licencia de armas? ¿Criminaliza al conductor un control aleatorio de alcoholemia viéndose legalmente obligado a aportar pruebas contra sí mismo en caso de que supere cierto límite? ¿Por qué la factura del agua lleva un canon de saneamiento cuando no se llevan regularmente a cabo obras de mejora y saneamiento de la red?

Quien paga el céntimo sanitario al llenar el tanque de gasolina o gasóleo ¿se presume que tiene forzosamente que hacer uso de la sanidad pública?, ¿no paga dos veces, una en la factura de la gasolinera y otra en su nómina con las cotizaciones sociales que deberían cubrir todos los aspectos del Estado del bienestar? Es más, llegados a este punto, ¿por qué un sujeto que no hace ni piensa hacer uso de la sanidad pública la tiene que financiar para que otros se beneficien de ella? Y ¡ojo!, quien dice sanidad, dice educación, dice pensiones, dice subsidios de desempleo¿ ¡Pueden decirse tantas cosas! La clave de las respuestas a estas preguntas está en los principios que rigen nuestro sector público y a los que remito a quienes o los olvidaron o los desconocen: capacidad de pago, equidad vertical y horizontal, solidaridad entre generaciones, entre regiones, entre clases sociales, etcétera. Anatematicemos menos y estudiemos más.

Que el canon se traslade vía precios al consumidor de dichos dispositivos es una posibilidad o recurso del que hacen uso tales fabricantes y nos afecta a todos, incluidos autores y editores, que también hacemos un uso intensivo y extensivo de las nuevas tecnologías y medios de reproducción. Quienes editan y escriben emplean ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, CD, DVD, memorias USB, etcétera. Por lo que atribuir la culpa de la traslación vía precios a los editores o a los autores además de incorrecto técnicamente, impreciso jurídicamente, resulta políticamente carente de ética y estética.

¿Cabe imaginar el perjuicio que supondría para consumidores y fabricantes que no fuera legal copiar con fines privados obras protegidas? ¿Qué pasaría si fuese posible un control tal que bloquease todo intento de copia ilegal? ¿Negaremos el pan y la sal a quien pretende hacer de la creación intelectual algo más que un entretenimiento, una verdadera profesión? ¿Qué le hubiera pasado a la civilización si los mejores científicos patentaran sus teorías y se tuviese que pagar, por ejemplo, para acceder particularmente a las copias de sus creaciones, estudios, ensayos o investigaciones más allá de la publicación editorial al uso? Se ralentizaría el progreso o se frenaría en el peor de los casos.

Desaparece -gracias al canon- la necesidad de golpear con el Código Penal en la cabeza de quienes acceden a copias privadas ilícitas socializando el perjuicio precisamente por la extensión del hábito entre la ciudadanía. Habrá, sí, «castellanos viejos» que nunca hayan pecado, pero también hay en la sociedad quien nunca hizo uso de la educación pública y la financia o quien nunca hizo uso del subsidio de desempleo y lo financia, ¿seguimos con más ejemplos o nos irá quedando claro a todos?

La eliminación del «canon» supondría:
1. La usurpación de un derecho legítimo consagrado por la práctica totalidad de las legislaciones europeas.
2. Una amenaza para la industria cultural española que genera los contenidos necesarios para el desarrollo y la identidad cultural de nuestra sociedad y que aporta el 4 por ciento del PIB.
3. Un freno a la investigación y desarrollo en universidades y centros de investigación. Y precisamente en España no andamos sobrados de estas funciones.
4. Un freno al desarrollo de sectores económicos -al margen del editorial- que dependan críticamente de la función de investigación y desarrollo.
5. Un freno a la implantación y desarrollo de la sociedad de la información en España.
6. La necesidad de criminalizar, Código Penal en mano, situaciones para las que podría alcanzarse un solución razonable por medio de este mecanismo de acuerdo o consenso que es el canon.

Quien ataca el canon manifiesta un desprecio por quienes levantan el edificio del patrimonio cultural a favor de todos a cambio de muy poco. Son otras las cosas que nos salen más caras. Por ejemplo, la ignorancia. Así pues, a todos, un poco de ética y estética frente a la copia privada.