Las descargas de contenidos en Internet

Según el resultado de la última encuesta realizada en febrero de este año por la AIMC (Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación) a usuarios de Internet, la mitad de los encuestados es favorable a promover el desarrollo de las redes de intercambio de archivos P2P. Sin embargo, esta popular tendencia en la que todo vale y en la que no se respetan las reglas de juego de una economía libre de mercado, parece tener sus días contados con iniciativas como las propuestas en Francia y en el Reino Unido.

Conscientes de que estos sistemas de intercambio de ficheros pueden llevar a la quiebra a un importante sector productivo del país, en torno al 4% del PIB de los países desarrollados, y de que son un lastre para el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías y en un desarrollo ordenado de la sociedad de la información, los gobiernos británico y francés han diseñado un protocolo de actuación en el cual Estado, empresas proveedoras de acceso a Internet y titulares de derechos han llegado a un acuerdo para corregir esta injusta situación. Por este acuerdo, los ISP deberán interrumpir temporalmente, y en caso de reincidencia definitivamente, el servicio de Internet a aquellos usuarios que utilicen estos sistemas para la descarga de ficheros cuyos contenidos se hayan puesto a disposición en la Red sin autorización de sus legítimos propietarios.

España no puede quedarse atrás, y más si se tiene en cuenta que los índices de pirateria de nuestro país son los más altos de Europa y que más de un 52% de los internautas declaran descargarse películas y música de los sistemas P2P, frente a un 20% de media que declaran hacerlo en el resto de la U.E. (fuente E.I.A.A.)

En otro reciente estudio de octubre de 2007, realizado por las compañías americanas, se sitúa a nuestro país en el primer puesto de los que más descargas ilegales de películas realizan por Internet. El 18% de las descargas ilegales de películas realizadas en todo el mundo se han efectuado desde España. Este porcentaje resulta todavía más alarmante si se compara con las descargas realizadas desde Estados Unidos, país que multiplica por cinco el número de internautas de España, que suponen un 7% o con las del Reino Unido donde las descargas ilegales de películas suponen un escaso 4%.

El mundo al revés: lo ilegal es bueno y lo legal es una aberración

Las asociaciones y usuarios de Internet ponen el grito en el cielo cuando se habla del atropello que las descargas ilegales suponen para la industria audiovisual y fonográfica, y propugnan un “todo vale en Internet”, achacando la culpa del pirateo a las propias empresas perjudicadas por no haberse adaptado a la nueva era digital, o sus precios elevados, o confundiendo a la opinión pública con el canon por copia privada.

Ni unas ni otras son argumentaciones validas, ya que las descargas sin autorización son una actividad ilegal que imposibilita que prosperen negocios legales de distribución digital. Aquéllos roban, no pagan impuestos, no generan puestos de trabajo y, lo que es peor, hunden a aquellos que sí pagan impuestos, generan riqueza y puestos de trabajo, y además cumplen la ley.

Es comprensible querer las cosas gratis, pero es ilegal conseguirlas de esa manera y, además, ¿porqué unas cosas gratis?, (la música o el cine) y ¿otras no? (los ordenadores, la conexión a Internet…) ¿Por qué unas se pueden conseguir fácilmente y otras no? ¿o acaso, y por poner un ejemplo, las compañías tecnológicas ganan menos dinero que las cinematográficas?. Un internauta puede gastarse mil euros en su equipo, sesenta o setenta euros al mes en su conexión a Internet, pero la música y el cine tienen que ser gratis, ¡que tremenda injusticia! Y además si lo copio me están “robando” con el canon por la copia privada; eso sí, el “robo” en un reproductor MP3 de 4 Gb en el cual se pueden almacenar cerca de mil canciones supone 0,015 céntimos de euros por cada canción copiada (el canon del MP3 de 4 GB es de 15,36 €).

El canon (en realidad, compensación equitativa por copia privada) es una institución legal y justa que funciona en Europa desde mediados de los años sesenta y posibilita al consumidor hacer una copia para su uso privado. Las sociedades modernas, como Francia, combaten la piratería con leyes y medidas eficaces, y además son responsables con las garantías legales de sus ciudadanos como es el canon, que por cierto en Francia y en otros muchos países es más cuantioso que en España y no causa la controversia suscitada en nuestro país por asociaciones y grupos cuyos intereses no son precisamente los de cumplir la legalidad vigente y proteger al consumidor.